Sobre la Ley
En este portal se le da cabida a las ONG venezolanas, a sus ciudadanos, a su gobierno, a las organizaciones internacionales y a cualquiera –no importa de donde- que esté interesado en conocer la Ley de Cooperación Internacional que se está discutiendo en Venezuela, así como también provee una oportunidad para discutir sobre lo que algunos llaman un asalto a una piedra angular de la democracia venezolana: las ONG.
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PROPUESTA DE LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL
Si es aprobada por la Asamblea Nacional tal como está escrita, la Ley de Cooperación Internacional establece un registro nacional, obligatorio y controlado por el Estado, de las ONG que aspiran a cooperar con organizaciones internacionales. Todo tipo de respaldo foráneo a las ONG (dineros, asistencia técnica y ayuda material) sería represado en un Fondo a ser creado y administrado, en última instancia, por el Presidente de la República. Solo aquellas organizaciones que hayan sido acreditadas por el Registro Nacional serán calificadas para recibir tales ayudas. La Oficina Ejecutiva del Presidente será responsable de establecer las regulaciones pertinentes.
Esta Ley perjudicaría el desarrollo de una relación de cooperación entre el Estado y la sociedad civil –lo cual es contrario a los intereses de un gobierno interesado en apoyar un sistema democrático sano que respeta la Constitución. La Ley propuesta y las declaraciones de prensa dadas por diputados de la Asamblea Nacional – ver sección Media- han empeorado el ambiente, caracterizado por la desconfianza por parte de un gobierno que considera a las ONG conspiradoras contra el Estado. Algunos piensan que si las ONG son independientes y libres de expresar desacuerdos que luego sirvan para estimular la opinión pública, entonces, son una amenaza y por lo tanto deben ser controladas. En este sentido, es de esperarse que las ONG se sientan también amenazadas.
Las ONG venezolanas no están opuestas del todo a ser supervisadas por el Estado, tal como se evidencia en su cumplimiento al marco legal vigente, que regula el ámbito de sus actividades. Del mismo modo, al igual que todos los ciudadanos, las ONG están sujetas a las leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, la preocupación de algunos es que esta Ley pueda ser usada para imponer un control Estatal a la sociedad civil –una situación, sin duda alguna, que no le interesa a un Estado comprometido con la promoción de la democracia.
Durante cuatro décadas las ONG en Venezuela han dedicado sus esfuerzos a una gran variedad de causas que incluyen la protección de los derechos humanos, del ambiente, de los derechos civiles y la promoción de la cultura y el deporte. Su misión es ayudar a mejorar la vida de la población donde operan. En una sociedad democrática, el gobierno debería trabajar mano a mano con ellas, en vez de obstaculizarlas e impedir el desarrollo de una relación de trabajo que beneficie a los ciudadanos, incluyendo a los más necesitados.